Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en dilucidar si una persona que tiene reconocida una pensión de orfandad por una incapacidad para el trabajo puede compatibilizar dicha prestación con una pensión de incapacidad permanente causada años después, cuando la incapacidad tomada en consideración para el reconocimiento de ambas pensiones deriva de la misma patología, pero los efectos funcionales de dicha patología son diferentes en ambos momentos temporales. El debate se centra en la interpretación del art. 225.2 LGSS, que exige para dicha compatibilidad, que la incapacidad permanente sea consecuencia de "unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad". La Sala de suplicación declaró la compatibilidad entre ambas pensiones, argumentando que, aunque la patología de origen era la misma, la afectación funcional había cambiado sustancialmente, lo que justificaba la consideración de "lesiones distintas" según el art. 225.2 LGSS. Y dicho parecer es compartido por el TS, que en sentencia de Pleno afirma que no existe identidad de las lesiones, deriven o no de la misma patología, cuando la afectación funcional en el momento del reconocimiento de la incapacidad permanente es sustancialmente diferente de la que fue tomada en consideración para el reconocimiento de la orfandad, de tal suerte que la interpretación del término "lesiones" debe abarcar no solo la patología, sino también las limitaciones funcionales, y que un cambio significativo en la afectación funcional puede dar lugar a la compatibilidad de las pensiones. Se desestima el recurso del INSS.
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Y el TS, reiterando doctrina (TS 16-11-2023, rec 5326/22 ) da tal cuestión una respuesta negativa, y declara que en las prestaciones por ERTE COVID por fuerza mayor el periodo de desempleo no puede computar a efectos de ampliar la duración de la prestación no estando contemplado este derecho en la normativa especial de la pandemia (RD-Ley 8/20), siendo aplicable la regla general del art. 269 LGSS que la excluye. Reconoce que hay particularidades relevantes para la prestación por desempleo COVID pero no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo, no recogiendo que el periodo de percepción de prestaciones pueda computarse y generar derecho a nueva prestación como si de ocupación cotizada se tratase. La situación jurídica queda en los mismos términos que el art. 273.2 LGSS, evita que sea periodo carente de cotizaciones empresariales. No genera para el desempleo más beneficios mantiene los derechos del trabajador. Se exige efectiva realización de ocupación cotizada.
Resumen: La cuestión debatida en la sentencia anotada se centra en determinar si la actora que es contratada por tiempo indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada, con ocasión de un ERTE Covid por fuerza mayor, tiene derecho a la percepción de la prestación por desempleo durante el tiempo en que permanece en situación de inactividad. Y, el TS, reiterando doctrina, declara que en los casos de prestación de servicios a tiempo parcial de forma concentrada no existe un derecho a percibir prestaciones de desempleo en los períodos de inactividad ya que esta situación no tiene encaje en el concepto de desempleo contemplado en el art. 267 de la LGSS. Aunque el art. 25 del RDL 8/2020 contempla supuestos especiales en que se reconoce dicha prestación en casos de inactividad como consecuencia del Covid 19 para personas trabajadoras fijas discontinuas y de las que realizan trabajos fijos y periódicos, no contiene una previsión específica relativa a la situación litigiosa, por lo que, en relación a esta, hay que estar a las reglas comunes contenidas en la LGSS. En efecto, la trabajadora tenía un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada, parcialidad del 74%, lo que suponía el alta en la empresa durante 365 días con 270 días de trabajo efectivo y 95 días de inactividad. La empresa fue autorizada para aplicar un ERTE por fuerza mayor a toda la plantilla a causa del Covid desde el 1-4-20 hasta el 31-3-22 . La actora durante esos 95 días de inactividad no tenía derecho al desempleo según la doctrina que hemos expuesto, porque en circunstancias normales (esto es, con pandemia o sin ella), no hubiera prestado sus servicios. Se estima el recurso del SEPE.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea frente a la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que había confirmado la competencia del orden social para conocer de la demanda de una trabajadora vinculada mediante contrato administrativo de provisión temporal de vacante y había declarado la existencia de una relación laboral fija. La demandante prestaba servicios como fisioterapeuta en virtud de sucesivos contratos administrativos, el último suscrito el 11 de junio de 2019 para la cobertura temporal de una plaza vacante, solicitando en su demanda el reconocimiento de la condición de personal laboral fijo o, subsidiariamente, indefinido no fijo. La sentencia de contraste invocada, dictada por el mismo Tribunal Superior de Justicia en 2019, había declarado la incompetencia del orden social en un supuesto similar, entendiendo que la prolongación temporal del contrato administrativo no alteraba su naturaleza ni desplazaba la competencia al orden social. El Tribunal Supremo aprecia la existencia de contradicción entre ambas resoluciones y unifica doctrina, afirmando que cuando la contratación administrativa es válida y el reproche se limita a su duración excesivamente prolongada, sin apreciarse una irregularidad que encubra una relación laboral, la competencia corresponde al orden contencioso-administrativo. En aplicación de esta doctrina, estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida, revoca la dictada en instancia y declara la incompetencia del orden social para conocer de la demanda, sin imposición de costas.
Resumen: La cuestión se circunscribe a determinar si procede estimar la excepción de cosa juzgada, concretamente sus efectos preclusivos, entre la reclamación sobre cómputo de antigüedad efectuada por la trabajadora en otro pleito anterior, de 2020, en el que reclamaba que a efectos de antigüedad se computaran todos los días efectivos trabajados con independencia de las horas trabajadas a diario y, la demanda posterior en la que solicita que se computen no solo los días efectivamente trabajados, sino la totalidad del tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral. Recurre la empresa Iberia contra la sentencia del TSJ que había apreciado la cosa juzgada y absuelto a la empresa demandada de las pretensiones en su contra deducidas. La Sala IV desestima el recurso de Iberia, razona que se trata dos peticiones distintas, pues ahora pretende que se le compute la totalidad del tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, no solo el tiempo efectivamente trabajado, y es plenamente comprensible que en 2008 no se pidiera el cómputo de la totalidad de la duración de la relación laboral, toda vez que era una pretensión de más que difícil prosperabilidad a la vista de la consolidada jurisprudencia.
Resumen: Se desestima el recurso del INSS, confirmando la sentencia recurrida que estimó la demanda de la trabajadora y declaró su derecho a percibir la pensión de jubilación. La cuestión suscitada consiste en determinar cómo se calcula la carencia de la pensión de jubilación de quien ha trabajado a tiempo parcial y ha presentado su solicitud de jubilación el día 9/11/2022 y en particular si debe aplicarse el coeficiente de parcialidad, regulado en el art 247 LGSS, o si debe computarse cada día trabajado a tiempo parcial como un día cotizado. La Sala IV reitera que no se debe aplicar el coeficiente de parcialidad previsto en el art 247 LGSS, en la redacción aplicable por razones temporales, atendiendo a la sentencia del TC 91/2019 que lo declaró inconstitucional por no adecuarse al principio de igualdad entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial puesto que establecía una diferencia de trato no justificada y una discriminación indirecta por razón de sexo. No está justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional derivada de la aplicación del coeficiente de parcialidad. Este coeficiente reduce el número efectivo de días cotizados, diferenciación que conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la SS para los trabajadores contratados a tiempo parcial.
Resumen: La empleadora debió haber cuidado del cumplimiento de las normas reglamentarias, haber instruido al trabajador en materia de prevención y seguridad y haberle dotado de los elementos y medios de protección personal para evitar la inhalación de amianto. De haberlo hecho, se hubiera podido evitar la inhalación de amianto y la consiguiente enfermedad, por lo que concurre el nexo de causalidad, con responsabilidad solidiaria de la entidad que sucedió a la empleadora originaria. Reitera doctrina establecida, entre otras, en STS 464/2025, de 27 de mayo, rcud. 567/2023.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid y se confirma la estimación de la demanda que declara el derecho de la actora, a percibir la cantidad de 15.5000 € prevista en el artículo 151.2 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid para el supuesto de incapacidad permanente total y siendo su contrato de trabajo de carácter temporal. En interpretación de dicho precepto, que circunscribe el derecho a la percepción de los 15.500 euros por una sola vez al personal laboral «fijo», y con remisión a sentencias previas, la Sala IV sostiene que si a la demandante se le denegara el abono de cantidad reclamada que sí se abona a los trabajadores fijos de dicha comunidad, se estarían vulnerando la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE, así como el artículo 15.6 ET. No existe ninguna razón objetiva atendible que permita justificar la diferencia de trato. Si el contrato de trabajo se extingue como consecuencia de una declaración de IPT quedan en la misma situación una persona trabajadora con contrato de duración determinada que una persona trabajadora fija: Ambas están incapacitadas para ejercer su profesión habitual y sufren los mismos perjuicios. Además de que la actora era una trabajadora temporal y no consta que su contrato se fuera a extinguir en un «plazo inmediato» por causa distinta a la declaración de incapacidad permanente total.
Resumen: La sentencia anotada, reiterando doctrina, resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó el reconocimiento del derecho del demandante a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El actor había percibido la Renta Activa de Inserción en diversos periodos, manteniéndose inscrito como demandante de empleo desde en fechas varias comprendidas entre el 2013 y el 2022 (con una interrupción de un mes y siete días). El SEPE denegó la prestación por no haberse mantenido la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo desde el agotamiento de la prestación contributiva, al existir interrupciones superiores a noventa días en periodos anteriores. La sentencia recurrida consideró que el agotamiento de la RAI constituía una vía válida de acceso al subsidio conforme al artículo 274.4 de la LGSS tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 8/2019. El Tribunal Supremo apreció la existencia de contradicción y confirma doctrina en el sentido de que el agotamiento de la RAI debe asimilarse al de los subsidios por desempleo a efectos de acceso al subsidio para mayores de 52 años, siempre que se mantenga la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo desde dicho agotamiento. En consecuencia, desestima el recurso del SEPE y confirma la sentencia recurrida, sin imposición de costas. En el caso, no es de aplicación la regulación resultante de la reforma del RDL 2/2024.
Resumen: Se estima el recurso de la trabajadora y se casa y anula la sentencia recurrida, condenando, en consecuencia, a Unicaja S.A (antes, Liberbank, S.A.) a que abone a la demandante las cantidades equivalentes al 10% anual de las cantidades que por principal le fueron abonadas en su momento, fijándose como día inicial de los intereses moratorias el 1 de enero de 2020, calculados hasta el 29 de julio de 2021, momento en que se abonó dicho principal. La Sala IV reitera doctrina en relación con el devengo de los intereses moratorios, del art 29.3 ET, derivados de la cantidad principal (aportaciones al plan de pensiones) que se le ha reconocido y abonado a la actora. Partiendo de la procedencia de su devengo, la cuestión se centra en la fijación del dies a quo del devengo de intereses moratorios. Pues bien dicho día es aquel a partir del cual se produjo la modificación de condiciones trabajo y se adoptaron medidas que entrañaban inaplicación del convenio colectivo, anuladas después por sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ganó firmeza tras desistimiento del recurso de casación interpuesto por la empresa, hasta el momento de abono del principal, que se produjo después de presentada la demanda de cantidad y antes del juicio.
